LA COMPLICIDAD DEL CONTRALOR RAMIRO MENDOZA EN EL FRAUDE DEL MILICOGATE

RAMIRO MENDOZAEl escandaloso fraude  al Estado, consistente en la malversación de millones de dólares de los fondos fiscales, cometido por funcionarios del alto mando del Ejército  y que mantienen en tela de juicio a sus comandantes en jefe, incluyendo a los ministros de defensa,  únicamente pudo llevarse cabo por la complicidad o encubrimiento de la Contraloría General de la República.

Sólo de esa manera se posibilitó, durante años, el ingreso, a la contabilidad de dicha rama castrense, de facturas falsas, algunas sin el timbre del Servico de Impuestos Internos, para justificar, entre otros, la apropiación del 2.400 millones de pesos que fueron a parar a las mesas y tragamonedas del casino Monticello.

La ley reservada del cobre, en su artículo 6, establece claramente el deber de fiscalización de la Contraloría General de la República:

“La fiscalización y control que corresponde a la Contraloría General de la República sobre los fondos a que se refiere el artículo 1°, se hará en forma reservada, de acuerdo a los procedimientos y modalidades que determine el Contralor General, los que afectarán a todos los servicios, organismos, instituciones o sociedades del Estado en que este tenga participación y que intervengan en la materia”.

El año 2009, en un inédito dictamen,   N° 56749,  suscrito, el 15 de octubre de 2009, por Ramiro Mendoza,  la Contraloría, respecto de los recursos de la Ley Reservada del Cobre,  renunció a su deber constitucional de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco,  y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, como lo ordena el artículo 98 de la Constitución.

Así se desprende del texto firmado por Mendoza:

“De este modo, a diferencia de lo que ocurre respecto de la generalidad de los Órganos de la Administración del Estado, respecto de estas inversiones y obras secretas, la Contraloría General de la República no está en condiciones de verificar el destino u objeto de la inversión de los recursos, porque la cuenta se realiza sin que sea necesario acompañar su documentación sustentatoria. Además, los certificados de buena inversión –en la medida que sólo dan cuenta del monto total de los fondos–, no reflejan con precisión el objetivo o destino del gasto, de manera que el Organismo Contralor debe atenerse a lo que le informe el Consejo en el instrumento recién aludido.”

“De lo expuesto se deduce que los gastos cuya situación se analiza presentan algunas características especiales, tanto en lo que dice relación con la mayor discrecionalidad de la autoridad para su empleo, como por la forma de rendir las cuentas, que no permite en el hecho verificar los objetivos reales de tal inversión, y consecuencialmente, si estos objetivos están o no vedados por la ley.”

“En consecuencia, en virtud de las normas establecidas en el reglamento en examen, este Organismo Fiscalizador no puede, por el momento, tener acceso al detalle ni a la documentación respaldatoria de los egresos cursados con cargo a este rubro y, por lo tanto, tampoco se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre su destino u objeto, lo cual es sin perjuicio del examen que este Organismo está realizando a las normas del instrumento reglamentario en comento.”

“Ramiro Mendoza Zúñiga”
“Contralor General de la República”

 

En diciembre del año pasado,  cuando la opinión pública exigía explicaciones, dicha doctrina se hizo impresentable en lo jurídico, moral y ético.

La Contraloría, con un hábil juego de piernas, de esos a los que nos tenía acostumbrado el campeón mundial de boxeo Mohamed Alí,  frente a la magnitud del robo a todos los chilenos y a la responsabilidad que en ello le correspondía, cambió diametralmente su posición en el dictamen 98501, de 15 de diciembre de 2015. Éste señala:

“De la normativa constitucional, legal y reglamentaria recién expuesta es posible desprender tres conclusiones. La primera es que en la actualidad la utilización de los recursos provenientes de la Ley del Cobre que se destinan a la Defensa Nacional, se regulan en el decreto N° 124, de 2004, ya citado.”

“Además, que corresponde a la Contraloría General su fiscalización en forma reservada, de acuerdo a los procedimientos y modalidades que este Organismo Fiscalizador determine.”

“Por último, que esos fondos están sometidos a rendición de cuenta, la que debe efectuarse de la manera requerida por el Contralor General.”

“Por lo anterior, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el Órgano Contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas.”

“Déjese sin efecto el dictamen N° 56.749, de 2009, de este origen.”

“Saluda atentamente a Ud.,”

“Patricia Arriagada Villouta”

“Contralor General de la República”

“Subrogante”

RAMIRO, te recordamos que la gente, especialmente los más humildes con sus impuestos, específicamente el IVA, te pagaron tu remuneración  de Contralor para que  cuidaras el patrimonio público. Debieras reintegrar tu sueldo. Pero, además, cooperaste con los malhechores.

RAMIRO, el artículo 15  N° 1 del Código Penal, dice que son autores los que  procuran impedir que se evite el delito. Tú impediste que se evitara el fraude al dictaminar la falta de control y de  fiscalización de los fondos públicos que se robaron. Permitiste la impunidad.

RAMIRO, DEVUELVE LO ROBADO.

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