CHILE, POLÍTICOS CORRUPTOS NO PUEDEN DARLE LECCIONES A VENEZUELA

La Cancillería chilena ha intentado en la OEA dar lecciones de democracia y probidad a Venezuela. Mal lo puede hacer si los chilenos todavía contamos con una Constitución pinochetista, no tenemos referéndum revocatorio como en Venezuela y padecemos un sector de la clase política, – el más reaccionario con Venezuela – , involucrada en escándalos de corrupción vinculados a la sistemática evasión de impuestos con facturas falsas y al financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de monopolios y grupos económicos nacidos al alero de la dictadura genocida de 1973.

Lo más grave es la impunidad, que se gestó en la resolución del Servicio de Impuestos Internos, órgano de fiscalización tributaria en Chile, de renunciar a ejercer la acción penal en contra de las empresas y personajes relacionados con la corrupción. Esta decisión ha dejado a la Fiscalía en la imposibilidad de investigar y perseguir criminalmente tales delitos.

Sobre esta materia debemos reproducir las declaraciones del Fiscal Manuel Guerra, sobre lo impresentable  que resulta  esta maniobra del Servicio de Impuestos Internos – SII:

 “(El SII) es un organismo al final del día depende del gobierno de turno, la designación de su director está radicada en el Ejecutivo (…) es susceptible de un manejo de naturaleza política o que al menos se crea que las decisiones que toma cuando -son discrecionales- están guiadas por fundamentos políticos, eso no pasa con el Ministerio Público”.

“Quisiera creer que no pero cuando uno ve el debate llama la atención que hay personeros, cercanos, más bien ligados al gobierno en donde ha habido una actividad bastante baja respecto a interponer denuncia o querella”.

“No es lo más adecuado el que no se persigan las responsabilidades penales, porque eso tiende a minimizar el problema para dar cuenta de que se trataría de un problema menor, de un hecho de menor relevancia”.

“Nosotros sabemos que hay una discusión discrecional a partir de la ley, nos gustaría iniciar investigaciones de oficio, no lo podemos hacer en el día de hoy por disposición expresa del Código Tributario. Entendemos que es una atribución discrecional. Pero uno esperaría que el beneficio de aquella atribución discrecional estuviera dirigida a aquellas personas o aquellas empresas que posee una baja cantidad de documentos tributarios, un mínimo perjuicio fiscal a partir de sus acciones y no que se originase con empresas que aparecen vinculadas a lo que es la obtención de facturas o boletas ideológicamente falsas y que las incorporaron en su contabilidad para bajar impuestos por cantidades bastante suculentas”.

“Y una de esas es Aguas Andinas y hasta ahora no tenemos querella contra Aguas Andinas. Hay un hecho bien particular (…) entre una de las ampliaciones de querellas está la presentada en contra de Santiago Valdés, quien ya tenía querella por la facilitación de facturas por las empresas Bancorp y Vox populi a SQM por más de $60 millones. Entiendo que él tuvo un rol en la campaña del ex Presidente Piñera, pero en su rol de ejecutivo de Bancorp él -a nuestro juicio- cometió un delito al facilitar facturas ideológicamente falsas las cuales fueron pagadas por SQM. Pero, paralelamente, él tiene facturas en Aguas Andinas y ahora el SII presenta la querella en contra de Santiago Valdés por haber facilitado estas facturas a Aguas Andinas, pero ¿qué es lo que hace el Servicio? Se querella solo en contra de Valdés y no presenta querella o denuncia en contra de la empresa Aguas Andinas. Por un lado se persigue la parte de la responsabilidad penal, quien facilita el documento tributario, pero no persigue la responsabilidad penal de la empresa, que recibe las facturas falsas, las incorpora en su contabilidad y luego descuenta impuestos. Es una situación extraña”.

“Lo mismo pasó con Laurence Golborne, fue querellado por el SII en mayo de 2016 por lo que fue la facilitación de facturas falsas a una serie de empresas distintas que Penta, como son Ripley, BCI y otras más. Resulta que se querellan en contra de Golborne pero no se querellan en contra de las empresas que recibieron estas facturas y las incorporaron en sus contabilidades descontando impuestos”.

“Hay una incongruencia que es difícil de explicarle a la ciudadanía porque da cuenta de un trato desigual por parte del organismo encargado de ejercer la acción penal, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos”.

“Es un hecho claro que hay doble estándar de parte del SII. Un ejemplo de ello, los pagos de bonos a los ejecutivos de Banmédica, que es parte de una arista del caso Penta. Se descubrió que la empresa VSA Ltda del señor Tomás Carrasco, que facilitaba facturas a muchas empresas, facilitó facturas a Banmédica para encubrir el pago de millonarios bonos a los altos ejecutivos de Banmédica. Estamos hablando sobre $2 mil 500 millones el bono. Eso originó un perjuicio fiscal de más de $800 millones y hasta el día de hoy aún no tenemos ni siquiera una denuncia o querella. Pero tenemos querellas interpuesta a personas que facilitaron boletas de honorarios de baja cantidad que trabajaban para el senador Iván Moreira al tiempo que están estas sumas gigantescas en la cual no se ejerce acción penal”.

“Hay obviamente un trato desigual y eso genera una sensación de falta de aplicación de igualdad ante la ley. Se genera una suerte de impunidad en lo que se refiere a la responsabilidad penal por la autoría de delitos especialmente graves”.

OTROS BENEFICIADOS CON LA IMPUNIDAD

PEÑAILILLO JUNTO AL PINOCHETISTA Y ASESINO DE NIÑOS, GONZÁLEZ JURE

Favorecido es el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuya cercanía con la Presidenta Bachelet otorga a su caso una alta sensibilidad. El otrora jefe de gabinete de la Jefa de Estado registró boletas por 4 millones de pesos con la empresa Asesorías y Negocios SPA, que facturaba con SQM Salar, filial de Soquimich.

Pero también están el senador Jorge Pizarro y el diputado Roberto León, ambos de la DC, quienes no aparecen en querellas, aunque sí sus hijos. En el caso de los hijos de Pizarro, están investigados por emitir facturas falsas por asesorías verbales a SQM, pagadas por esta.

ENRIQUE CORREA

Sin embargo, no solo hay personas sino también empresas del Grupo Angelini y Said. En ese listado figuran Ripley, Copec, Celulosa Arauco, con pagos presuntamente vinculados a la campaña de Michelle Bachelet en 2013. También están inversiones Caburgua y Newport, con pagos relacionados con la campaña del ex Presidente Eduardo Frei, y estas mismas compañías, más Aguas Andinas, con pagos al círculo cercano a Sebastián Piñera. Respecto al grupo Said, la decisión del SII bloquea, por ejemplo, eventuales acciones penales vinculadas a boletas de Imaginacción, de Enrique Correa.

Por otro lado, cabe señalar que en el Tribunal Constitucional, uno de sus ministros es Cristián Letelier, ex diputado UDI, quien tiene una boleta de cinco millones y medio de pesos, relacionada con Inversiones Caburgua, del grupo Said, uno de los cuales no se va a perseguir penalmente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

CUESTIONAMIENTOS A LA IMPUNIDAD

Para la ex jefa de la Oficina de Litigación Penal de SII, Marisa Navarrete, la decisión del organismo es arbitraria y lamentable.

“El SII, en el ejercicio de sus facultades, no puede obrar de manera arbitraria, por lo que, ante situaciones similares, debe dar una respuesta similar. Lamentablemente, el SII en los casos de financiamiento ilegal de la política ha dado muestras de lo contrario: de obrar por motivaciones ajenas a las institucionales. Y eso no puede ser. No puede haber un servicio público dependiente del Ejecutivo que decida, a su antojo, ejercer o no la acción penal, pasando incluso por encima de un órgano autónomo de rango constitucional, como es el Ministerio Público. No puede estar el SII exento de control. Con ello, se consagraría la actuación arbitraria e inconstitucional del Servicio de Impuestos Internos”.

Este lunes, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez informó  la decisión de algunos parlamentarios  de solicitar una sesión especial al presidente de la Cámara de Diputados para el día miércoles 10 de mayo con el fin de analizar la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no presentar querellas por delitos tributarios en los casos Penta y SQM.

“Hoy,  hemos solicitado una sesión especial para fiscalizar la decisión del director del SII que dispuso el no ejercicio de la acción penal en caso de delito tributario cometidos en el marco de los casos SQM y Penta, que son paradigma de la corrupción del dinero en la política”.

 

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