LOS DUEÑOS DE LA POLÍTICA CHILENA TIENEN COMPRADA LA IMPUNIDAD

El Servicio de Impuestos Internos (SII), que dirige Fernando Barraza, resolvió no continuar con acciones penales contra las empresas que han rectificado boletas injustificadas y que estarían vinculadas a los casos del financiamiento ilegal de la política.

Entre las firmas figuran los grupos Angelini (Copec, Celulosa Arauco, Antarchile), Said (Parque Arauco, Embotelladora Andina), Saieh (CorpBanca), Calderón (Ripley), Paulmann (Cencosud), Hurtado Vicuña (Entel), CAP (De Andraca, Rassmus), Yarur (BCI), Aguas Andinas y su holding IAM y Sigdo Koppers (Juan Eduardo Errázuriz).

Grupo Angelini

Quizás el caso más emblemático de grupo económicos y grandes empresas involucradas en los casos de platas políticas y que no será perseguido por la justicia, es el grupo Angelini.

El holding controla la mayor cadena de bencineras del país (Copec), la mayor empresa de celulosa y forestal (Celulosa Arauco) y también es controladora de la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca. Esta última es la única que no se salva con la acción del SII pues su indagatoria ya tuvo avances y la investigación está avanzada. Además, el grupo hizo aportes importantes a través de Inversiones Siemel, Seguros Cruz del Sur (vendida en 2013) y Abastible.

El grupo tiene casi $ 2.250 millones en pagos por boletas no justificadas a figuras vinculadas a gran parte de los partidos, entre ellos, Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Gabriel Silber (DC), Marco Enriquez-Ominami (PRO) y Pablo Longueira (UDI). No obstante, el principal beneficiado de la detención de las indagatorias del Ministerio Público es la Presidenta Michelle Bachelet y el entorno de personajes que participó de la precampaña de 2013, para lo cual Angelini aportó 358 millones a través de personas claves en el financiamiento de la misma.

Los Bancos y La Prensa

“La banca siempre está disponible”, gustaba decir el ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Hernán Somerville, cuando se le consultaba por el rol del sector en el país.

Al parecer, la disponibilidad de la industria financiera no era sólo para dar créditos a empresas y personas, sino también para saltarse la ley y aportar a políticos, no sólo sin que nadie supiera, sino que en forma ilegal. Sin embargo, al parecer el SII decidió que esa oscuridad deberá mantenerse.

BCI era un de las empresas más complicadas con la investigación de las platas políticas. El banco que controla Luis Enrique Yarur rectificó en abril de 2015 ante el SII boletas sin respaldo por $ 233 millones entre 2008 y 2014. El Ministerio Público no alcanzó a adentrarse en el caso pues en otras cosas se requiere de la querella del SII para investigar. Sólo se conoce, por la declaración del socio de VSA, Tomás Carrasco, que éste prestó boletas al banco de Yarur para la campaña de Laurence Golborne en 2012-2013.

A esos se suma que en junio de 2015 BCI, el tercer banco privado más grande del país, rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos un total de $250 millones que, según reconocieron, fueron entregados como aportes políticos a la UDI.

Lo cierto es no escasean las figuras políticas en su mesa de directorio. Hoy figura José Pablo Arellano, democrata cristiano, quien fuera presidente de Codelco, – a empresa estatal del cobre-, en el primer gobierno de Bachelet y ministro de Educación en el de Eduardo Frei-Ruiz Tagle. Antes estuvo Andrés Bianchi, quien presidió el Banco Central al cierre del gobierno de Pinochet y dos años del de Patricio Aylwin, además de ser embajador en Estados Unidos en el gobierno de Lagos.

En la misma situación sin investigar está CorpBanca. El banco de Saieh, hoy controlado por Itaú, saltó a la palestra en 2015 cuando fue parte del grupo de empresas que rectificó boletas ante el SII, luego que fuera develado que hubo boletas por al menos 10 millones de pesos emitidas al banco por un testaferro para ser usados en la campaña de Pablo Zalaquet (UDI).

El ex controlador de CorpBanca es dueño del grupo de medios Copesa, conformado por La Tercera, Qué Pasa, La Cuarta y radios como Duna, como sus principales estandartes. De hecho, La Tercera ha publicado artículos aludiendo a la situación de BCI, pero siempre se abstuvo de advertir la presencia de CorpBanca en el caso.

CorpBanca al igual que el resto de empresas que quedarán fuera del radio del Ministerio Público en el caso de platas políticas, fue parte de un oficio en que la fiscalía pedía en 2016 que el SII les revelara el listado de boletas rectificadas en 2015.

El 23 de abril pasado, en su editorial principal,  la Tercera, califica de irresponsable la decisión del SII de presentar acciones penales, advirtiendo que debería limitarse a casos de mayor gravedad de financiamiento irregular de la política, sin advertir que los casos se han ido amplificando en la medida que las indagatorias crecen y se van sumando antecedentes. El Mercurio escribió una editorial con argumentos similares hace unas semanas.

Con esto, argumenta que la decisión de presentar acciones penales debería tomarse en función de monto y la reiteración en el tiempo, y no “extremar artificialmente” el uso del arma penal.

También figuran entre los investigados el accionista del banco BBVA Salvador Said, quien además es controlador de Parque Arauco y socio de Embotelladora Andina. Ésta, de hecho, tiene como socios también a la familia Garcés Silva, que también es accionista relevante en el grupo Consorcio, donde participa otro investigado, Juan Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León, este último socio del grupo Penta en Banmédica, firma donde a propósito de la investigación del caso Penta, se descubrieron operaciones ilegales de su principal ejecutivo, Carlos Kubik, destinadas a obtener beneficios pecuniarios junto a otros dos ejecutivos.

Salvador Said Somavía declaró como imputado el 11 de agosto de 2016 y admitió que su sociedad Inversiones Caburga hizo un aporte de $20 millones a la campaña de Eduardo Frei, pago que luego rectificó ante el SII.  Y su primo, Javier Said Handal, había declarado en junio como representante de Inversiones Newport reconociendo que por solicitud de Caburga aportaron $12 millones a la campaña de Frei. Adicionalmente, Newport pagó $8 millones al abogado Alfredo Ugarte, quien también integraba el comité de finanzas de Frei.

Caburga, hizo una rectificación de más de 600 millones ante el SII.

El Retail – Supermercados – Multitiendas – Metalúrgicas -Telecomunicaciones – Mineras  y Aseguradoras

La participación del empresariado financiando irregularmente la política es transversal. Por eso, además del rol que han jugado empresas financieras, pesqueras y otras, también abarca a las firmas del rubro del retail.

Porque no sólo Parque Arauco se ve afectado por el rol de su controlador, sino también dos multitiendas: Ripley y Cencosud. Ambas fueron nombradas como receptoras de boletas para dar financiamiento a la política. Y tampoco serán investigadas por el Ministerio Público.

Ripley, que es propiedad de la familia Calderón –la misma que fue beneficiada por el propio SII hace cinco años cuando condonó más de US$ 100 millones en impuestos a Johnson’s- rectificó ante el SII boletas por 50 millones recibidas por la firma de Asesorías Credo Limitada, que participó de la campaña de Michelle Bachelet en 2013.

Comercial Eccsa, controladora de Ripley, también fue nombrada por Iván Correa, periodista de Reactor SPA, la firma que asesoró la campaña de Pablo Zalaquett. Correa y la propia empresa reconocieron que habían aportado tres millones a través de boletas a esa sociedad y que no tenían justificación, aunque negaron que hubiera “delito”, sino sólo un “error tributario”.

En la misma línea está el holding de Hörst Paulmann, Cencosud. La firma fue aludida por Ana Palacios en 2015, en su declaración ante el SII y el Ministerio Público. Allí, la cuñada de la jefa de gabinete del ex ministro y ex candidato presidencial Pablo Longueira, dijo que emitió boletas por ocho millones a Cencosud Retail para luego redirigir las platas al candidato en 2013.

Similar situación corre para la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), que está ligada al ex funcionario de la dictadura Roberto de Andraca. CAP fue nombrada por Roberto Carrasco por el pago de boletas emitidas en noviembre de 2013 por $5 millones y que en realidad tenía como destino el aporte a la campaña de Golborne.

La arista de la minera de hierro podría ser de alta relevancia, pues son dueños de Puerto Cruz Grande, el terminal cercano a donde querían instalar sus proyectos Minera Dominga y la Central Barrancones y que a diferencia de estos dos, no vieron cuestionados por la autoridad sus estudios de impacto ambiental.

Al igual que estas compañías, quedará fuera de la persecución penal el empresario Juan Hurtado Vicuña y sus sociedades personales que recibieron boletas para financiar a políticos. Así al menos lo denunció en su cuarta declaración Roberto Carrasco,  el otro que entregó listas como cooperador de la justicia en  el caso Penta, después del ahora fallecido Hugo Bravo, ex gerente general del holding de Carlos ‘choclo’ Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Hurtado Vicuña es el líder del grupo de hermanos y familiares que controlan Entel. También son accionistas del holding financiero Consorcio, uno de los mayores grupos aseguradores de país y de los principales de ese rubro en cuanto a inversión en acciones y deuda de empresas en el país, con un historial de actuaciones cuestionables en el mundo de los negocios.

La familia Hurtado Vicuña, apareció en las declaraciones de Roberto Carrasco, quien nombra a dos de sus sociedades, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado, como receptoras de dos facturas en diciembre de 2012 por 50 millones de pesos, que no tenían contraprestación de servicios y que en realidad permitieron destinar esos dineros a la campaña de Laurence Golborne.

Fuente: El Mostrador.

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