LOS JUECES BANANA Y LA CORRUPCIÓN EN LA CORTE DE SAN MIGUEL: EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL PODER JUDICIAL.

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Por Patricio Mery Bell

 

La corrupción en Chile se ha transformado en un fenómeno cotidiano. Su génesis, en algunos casos, está en el tráfico de influencias que se realiza a espaldas de la opinión pública. No solo se deja impune el delito sino que se persigue a los denunciantes, entregando un claro mensaje al resto de la sociedad sobre los riesgos de poner en evidencia los malos manejos.

El cambio climático ha transformado a nuestro país en una república que cosecha algunos jueces bananeros.  Mientras Chile firma tratados como LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN y LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (N.U.) CONTRA LA CORRUPCIÓN, que garantizan la protección de los denunciantes, nuestros magistrados los condenan draconianamente dando muestras de un tropicalismo peligroso para la honestidad pública dejando en evidencia, de esta forma, a un Estado que no cumple lo que suscribe.

Lo anterior, rompe uno de los paradigmas de la democracia republicana como se autodefine el Estado de Chile, y que se concreta en la fiscalización, por parte de los ciudadanos, de los actos de sus gobernantes. Los jueces banana, quizás, no alcanzan a entender este principio porque sus nombramientos se deben más a las antesalas en los despachos del poder que al ejercicio directo de la soberanía del pueblo.

Un ejemplo de lo expuesto le ha tocado padecer al abogado de Derechos Humanos, Rubén Jerez, quien puso en conocimiento de los tribunales un manifiesto caso de falta de probidad, consistente en el arriendo clandestino celebrado por la Municipalidad de Melipilla, el 2014,  del local que aloja al Juzgado de Policía Local de esa ciudad, en calle Prat 926,  acto efectuado sin licitación pública,  dictado en  ausencia de la aprobación del concejo municipal, omitiendo la caución que exige la Ley para contratar con los Municipios,  faltando la autorización del Ministerio de Hacienda que deriva del artículo 14 de la Ley  20.128 y sin la recepción final que impone la Ley de Urbanismo y Construcciones, respecto de las refacciones que transformaron a una casa particular en un tribunal. Ver Rol: 191 – 2015 – Ilegalidad Municipal, Corte de San Miguel.

Resultaba contradictorio que el Juzgado de Policía Local no cumpliera con las normas de urbanismo y construcciones cuya infracción debe sancionar.

Nuestra fuente, al interior de la municipalidad, nos indicó que ese fue un negociado efectuado por el alcalde,  Mario Gebaur Bringas, cuestionado, además, por los sobreprecios de los arreglos de la Plaza de Armas y por la venta irregular de terrenos municipales a la empresa Falabella, como lo resolvió Contraloría General de la República en el dictamen N° 22913, de 16 de abril de 2013, en razón de lo cual el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del alcalde por el delito de malversación de caudales públicos.

La Fiscal de la Corte de San Miguel, certificó que el abogado Jerez tenía toda la razón en cada uno de los puntos de su denuncia. Esto demuestra que tal denuncia no era temeraria o irresponsable. Hasta la municipalidad reconoció en su informe a la corte, que el concejo municipal no había conocido y, en consecuencia,  autorizado el arriendo cuestionado.

En ese momento comenzó a funcionar el tráfico de influencias. La misma fuente de la municipalidad nos relató que el principal actor de esta cadena de ilícitos, además del alcalde, fue el Juez de Policía Local, vinculado con una importante abogada integrante de la Corte de San Miguel y candidata a Ministro de la Corte Suprema en la última designación.

La primera irregularidad notoria fue que la Corte de San Miguel no remitió al tribunal de Letras de Melipilla las preguntas efectuadas, en sobre cerrado, por el abogado Jerez para que el alcalde Gebauer explicara, en una absolución de posiciones, las ilegalidades denunciadas. En consecuencia, hicieron fracasar maliciosamente la audiencia en donde debía comparecer Gebauer Bringas.

La Corte de San Miguel, en otra irregularidad, rechazó definitivamente la presentación de Jerez aduciendo que éste no vivía en Melipilla y que, por tanto, no tenía interés en cautelar la probidad pública. El abogado recurrió a la Suprema, en donde el tráfico de influencias siguió su curso para tapar la corrupción municipal con el mismo argumento anterior.

Tanta fue la parcialidad en contra del denunciante que la Corte, actuando de oficio,  esgrimió en su sentencia una falta de legitimidad que la Municipalidad cuestionada no había alegado. De esta manera ladina y sorpresiva impidieron, además, que el abogado Jerez pudiera referirse a ese punto.

Le pedimos a un abogado procesalista que nos explicara lo anterior. Éste nos indicó, reservándose su identidad, : ” En materia procesal civil los tribunales no pueden actuar de oficio, salvo excepciones. Su competencia está limitada a las peticiones de las partes”. Agregó que le parecía contradictorio que mientras al denunciante le aplicaban un criterio civilista, al exigirle legitimidad para actuar, por otro lado la misma Corte asumiera de oficio la defensa de la Municipalidad, respecto de una materia que ésta no había cuestionado, como la mencionada legitimidad del requirente. El abogado, terminó expresando: ” Parece que la Corte no actuó como tribunal sino como la contraparte del denunciante, lo que menoscaba la igualdad de las personas ante la Judicatura, principio que constituye una de las bases esenciales del Estado de Derecho”.  

Según fuentes judiciales estos fallos estaban redactados por las relatoras antes que alegara el denunciante.

Lo más grave es que el tráfico de influencias pedía castigar ejemplarmente al reclamante para evitar que otras personas pudieran fiscalizar al municipio melipillano. En ese contexto, las juezas de la Corte de San Miguel, MARÍA CATEPILLÁN LOBOS, DORA MONDACA ROSALES Y LILIANA MERA MUÑOZ, condenaron al denunciante, el abogado Jerez, a pagar $ 1.000.000.

Esta no es la única vejación que debió sufrir Jerez por denunciar la corrupción.  Por este mismo caso lo habían sancionado previamente por reclamar que la Municipalidad de Melipilla le había negado el certificado que exige la Ley para recurrir de ilegalidad. Debió cancelar $ 200.000, cantidad que fue depositada por el abogado Roberto Ávila, quien solidarizó con Jerez. Como en la Secretaria de la Corte, perdieron “extrañamente” el expediente y la colilla de depósito, decretaron una orden de arresto o apremio en contra de Jerez.  Rol: Nº 492-2016-PRO- Corte de San Miguel.

Consultada sobre este asunto, la abogada de Derechos Humanos, Mónica Araya, señaló:

“Me parece impresentable que en una acción popular, como la que establece la Ley Municipal en interés de la comuna, se exija la residencia cuando en dicha ley no se contempla tal circunstancia.”

“Cuando el legislador ha requerido de tal elemento lo dice expresamente, como es el caso de las querellas criminales deducidas por los delitos que atentan en contra de la probidad pública. El artículo 111 del Código Procesal Penal, impone textualmente el requisito de tener domicilio en la provincia.”  … “No es igual en la Ley Municipal que no establece el requisito del domicilio.”

“Si el Poder Judicial avala la corrupción persiguiendo a los denunciantes, quiere decir que este país se dirige irremediablemente al despeñadero moral”.

Mónica Araya Flores, es, además, víctima del secuestro de sus padres, – detenidos desaparecidos hasta hoy-, y del asesinato de uno de sus hijos por la Dictadura Militar, por lo cual no le es indiferente la corrupción estatal dado que sus familiares eran reconocidos luchadores sociales.

Hay otro dato que resulta llamativo en esta arista de tráfico de influencias. Uno de los asesores del alcalde Gebauer Bringas, es el abogado Samuel Donoso, acusado por el ex jefe de Impuestos Internos, Michel Jorrat, de presionar, en nombre de la Moneda, para no investigar mediante querellas criminales a Soquimich,  por el caso de las coimas a los partidos políticos con boletas falsas. Esta maniobra les dio resultado y en la Corte de San Miguel, también.

Nuestra fuente, al interior del municipio, hace hincapié en otro acto reñido con la probidad: el $ 1.000.000, a que nuevamente condenaron al denunciante Jerez, en marzo, será repartido entre el abogado municipal y el actual alcalde, Iván Campos Aravena, por partes iguales y no iría a las arcas municipales. Consultada la Contraloría, se nos informó que ello configuraría una grave ilegalidad considerando lo dispuesto por un antiguo dictamen de ese órgano fiscalizador, N° 046344N78 del año 1978.

El abogado Jerez, prefirió no referirse al tema. Llamamos a la Corte de San Miguel, pero no nos contestaron.

En Chile, los denunciantes son perseguidos y condenados mientras el crimen paga. Los tribunales, como lo hemos expuesto, tampoco están a salvo de la corrupción, menos cuando para ascender o mantenerse en tal ámbito se debe recurrir al asqueroso besamanos al político de turno.   En este aspecto cobran actualidad las palabras de Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema al golpe de 1973, quién, al referirse a la Dictadura, expresó literalmente su íntima complacencia.

1 Comment

  1. Estimado Patricio
    Recibe un cordial saludo desde la ciudad de Ancud, Chiloe. Te felicito por este articulo. Me apasiona el tema este de la Justicia Suprema. Seguire visitandote a ver que otra noticia interesante tienes.

    cordiales saludos

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