JUEZ VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS ES RELATOR EN LA CORTE SUPREMA

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La falta de seriedad  e inconsistencia del sistema judicial chileno se refleja en este caso. Mientras la Corte Suprema, en septiembre de 2009,  recibía al gran jurista Claus Roxin, a pocos metros el juez Rodríguez Vega, creaba una sentencia tipo para denegarle derechos humanos  básicos a los más desamparados frente al Estado: los inmigrantes pobres.

Por Patricio Mery.

Nos referimos a Manuel Rodríguez Vega, quién, siendo juez del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, cuando este tribunal funcionaba en Huérfanos a menos de dos cuadras de la Corte Suprema, redactó una sentencia tipo para rechazar POR INCOMPETENCIA los recursos de amparo de garantías deducidos por la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, dirigida por el abogado Nelson Caucoto Pereira.

Estos Amparos, de carácter de urgente,  denunciaban las ilegalidades cometidas por la PDI en la detención de inmigrantes. La presentación de estas acciones judiciales molestaban al juez Rodríguez Vega, cuya prepotencia se hacía sentir en las respectivas audiencias,  dándose maña para quitarles a los afectados la calidad de personas al indicar, en su sentencia tipo de incompetencia, que el artículo 95 del Código Procesal Penal, era solo aplicable a los imputados de la reforma Procesal Penal y no a otros detenidos. Tenemos copia de ese documento para remitirlo al Museo de la Memoria de la Vergüenza Judicial.

Una simple lectura de dicho artículo 95 del CPP, da cuenta, a diferencia de lo que  afirmaba Rodríguez Vega,  que  este precepto se refiere a las PERSONAS, sin distinción, para que se examine tanto la legalidad como las condiciones de la privación de libertad.

La torcida actitud del juez Rodríguez Vega, no era muy distinta a la de los jueces racistas del sur profundo de Estados Unidos cuyas felonías quedaron expuestas internacionalmente con el movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60 del siglo pasado liderado por Martín Luther King.

La oficina de Derechos Humanos, dada la gran cantidad y naturaleza de las denuncias sobre el actuar policial,  optó por los amparos de garantía del Código Procesal Penal, considerando la existencia de jueces de turno en los Juzgados de Garantía, circunstancia que permitía, ” en teoría”, el control permanente de la legalidad de las detenciones  de extranjeros realizadas por la Policía Civil fuera del horario de atención en tribunales.   El cierre de la Corte de Santiago, después de las 14:00 horas, hacía imposible, (antes de la tramitación electrónica de expedientes), recepcionar y tramitar de inmediato los amparos constitucionales por detenciones efectuadas por las tardes.

Fue tanta la arbitrariedad, xenofobia y clasismo de este juez Rodríguez Vega, que el abogado Nelson Caucoto asistió a una reunión con el Juez Presidente de ese tribunal, de apellido Jiménez, para exponerle esta denegación institucional de justicia en materia de derechos humanos, que dejaba en la más absoluta indefensión a los inmigrantes detenidos, a la espera de su expulsión, en las “ mazmorras de la Policía de Investigaciones” , como  señaló literalmente en aquella oportunidad.

El tiempo demostró que la preocupación del abogado Caucoto era fundada respecto de la impunidad que garantizaba Rodríguez Vega a los abusos de la PDI.  La falta de control sobre la Policía Civil  terminó siendo constatada, algunos años después, por la Corte de Apelaciones de Santiago y Suprema, con los malos tratos y vejaciones sufridas por 17 inmigrantes con más de 15 días de prisión ilegal sin ninguna protección judicial. Ello se pudo acreditar en una visita personal al Cuartel Borgoño, efectuada por el Ministro de la 9° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, la tarde del viernes 8 de marzo de 2013, a instancias de un Amparo interpuesto por la Corporación de Asistencia Judicial. Tan graves y manifiestos eran los abusos, que la Corte Suprema remitió lo antecedentes a la Fiscalía para la investigación de los evidentes delitos funcionarios.

Para lavar su imagen, Rodríguez Vega,  ha dirigido el Centro “Derecho y Justicia”, de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez , lo que constituye un insulto a la memoria de don Raúl, y ha recibido el doctorado en la Universidad de Chile por el  tema  “Principio de legalidad penal y sistema de justicia penal chileno” , regalo preveniente de sus contactos con la Masonería, cuyo título habla de su inconsecuencia.

La falta de seriedad  e inconsistencia del sistema judicial chileno se refleja en este caso. Mientras la Corte Suprema, en septiembre de 2009,  recibía al gran jurista  Claus Roxin, a pocos metros el juez Rodríguez Vega, creaba una sentencia tipo para denegarle derechos humanos básicos a los más desamparados frente al Estado: los inmigrantes pobres.

Para la abogada de Derechos Humanos y víctima de la Dictadura, Mónica Araya, es un gravamen a la conciencia nacional  que personas como Rodríguez Vega, sirvan de relatores en la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema en la tramitación de amparos. Esta profesional no olvida que realizó su práctica judicial en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial asesorando a inmigrantes.

De Rodríguez Vega señaló:  ” Su pasado lo inhabilita y mancha al Poder Judicial”.

Consultado el Ministerio de Justicia sobre esta denuncia, optaron por no emitir comentarios indicando que era un asunto propio del Poder Judicial , cuya independencia debían respetar.

Esto alerta de la necesidad de mayor control social y transparencia sobre los nombramientos, ascensos y calificación de los jueces, y de una imperiosa reforma que permita introducir el sistema de jurados con el objeto de transformar al Poder Judicial en una instancia repúblicana y democrática que impida la existencia de castas o burocracias corporativas que monopolicen la función jurisdiccional ejerciendo un poder ilegítimo.

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