Piñera, la CIA y el Banco de Talca

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Por Eugenio Maggio

Edición: Patricio Mery Bell

Los documentos de la CIA muestran no sólo el nivel de influencias, incluyendo una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema, sino también la operación de inteligencia que  sacó del país a Sebastián Piñera mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Los numerales 1 y 2 del documento, remiten a la estafa perpetrada por la Cooperativa de Ahorro y Préstamo La Familia. El documento atribuye la autoría intelectual a Jaime Guzmán Errázuriz y José Piñera Echenique.

Sebastián Piñera entra al baile en el numeral 4, relativo a la triangulación de empresas y lavado de activos por 85 millones de dólares, en relación con el Banco de Talca. Aparece una glosa a la constructora Socofer, de Luis Fernández Drey, cuya insolvencia precipitó la quiebra de La Familia.

Pero de mayor interés es la que remite a la Fundación Azul, operada por Ernesto Silva Baffalluy, por entonces gerente general de ENAP. Del críptico lenguaje del documento de inteligencia, se desprende que se trataba de un mecanismo para desviar fondos de empresas hacia medios de comunicación.

El primero de los documentos es una recopilación de antecedentes y un análisis sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.

El documento informa que el padre de Piñera, José Piñera Carvallo, era colaborador de la CIA desde 1965, y que José Piñera Echeñique, hermano de Sebastián, quien se desempeñó como Ministro del Trabajo y de Minería era colaborador directo y analista financiero de la familia Pinochet.

A continuación viene un listado de empresas ficticias constituidas para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”. El documento atribuye la autoría intelectual de esa asociación ilícita a José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique.

Agrega que en virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que “utilizaban beneficios que otorgaba el Banco Central de Chile para sus exportadores”. Entre las empresas, menciona a Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras. En conexión con el lavado de activos, aparecen mencionadas Calaf S.A.C.I., LAN Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS.

Miguel Calaf y Alberto Danioni, piezas claves junto con Sebastián Piñera, de la asociación ilícita para defraudar al Banco de Talca, estuvieron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel por el magistrado Correa Bulo, sentencia ratificada en todas las instancias por las cortes superiores, incluido el recurso de casación.

De acuerdo con el número 1 del documento, el Jefe de la CIA en Santiago informa de la reunión que sostuvo el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.

El número 2 informa que en dicha reunión se estableció una “acción de contrainteligencia”, eufemísticamente denominada “neutralización”, consistente en sacar del país a Sebastián Piñera y su trasladado vía Argentina y México.

El documento agrega que esa “colaboración” fue ordenada por Águila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge, y que para ella se recurrió a Fernando Quijano.

Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a  organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascitas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, MSIA, y la Unión Nacional Sinarquista.

El artículo Anatomía de una Operación de Inteligencia Fascista, firmado por William F. Wertz, publicado el 4 de febrero de 2005, en la revista del Instituto Schiller, señala:

“Entre 1985 y 1987 Quijano empezó a trabajar con Néstor Sánchez. Desde 1963, Sánchez estuvo implicado en el complot de la CIA conocido como la Operación Mongoose, ( Mangosta – cuya derivada terminó con el homicidio de John Kennedy), para asesinar a Fidel Castro de Cuba. De 1965 a 1967 fue jefe de la estación de la CIA en Guatemala, donde colaboró con los escuadrones de la muerte. En los 1970, cuando Pinochet subió al poder y lanzó la Operación Cóndor de genocidio por todo el Cono Sur de Sudamérica, Sánchez se convirtió en jefe de la división para América Latina de la Dirección de Operaciones de la CIA, y luego en los 1980, durante lo del Irán–contra, en subsecretario auxiliar adjunto de Defensa para Asuntos Interamericanos, asignado al equipo del Consejo de Seguridad Nacional”.

Sigamos con Piñera…

Los números de rol: 428-82 y 430-82, de la Corte de Apelaciones de Santiago, corresponden a los recursos de amparo presentados por Sebastián Piñera, Carlos Massad y Emiliano Figueroa en contra de la resolución del juez Luis Correa Bulo, que los encargó reos como autores del delito de Defraudación al Banco de Talca y otros ilícitos.

El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones  rechazó el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del Ministro Enrique Zurita.

El voto de mayoría estableció que “el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal”.

El origen de la trama remonta al 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares. La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.

Detalles pormenorizados del proceso, que dicho sea de paso, se encuentra desaparecido desde el Archivo Judicial, fueron suministrados por el diario La Nación .

“Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo Pero había más. Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía. Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978. Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores. Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic”.

Como se puede apreciar, los antecedentes suministrados por los documentos de la CIA coinciden de manera casi milimétrica con el mérito del proceso.

La investigación judicial dio por establecido un préstamo de 11,7 millones de dólares concedido por el banco a Río Claro, una de las sociedades ficticias mencionadas en el documento, y la constitución de las sociedades-pantalla Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios.

Entre los antecedentes tenidos a la vista para resolver el auto de procesamiento, en septiembre de 1982, el juez instructor consideró las propias declaraciones de Piñera en el proceso:

“Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito (…). Por lo anterior, no estoy en conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi alejamiento del banco”.

Sin embargo, Miguel Calaf y Alberto Danioni declararon que se encontraban fuera del país al momento del otorgamiento del cuestionado crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera. Sobre las cuatro sociedades mencionadas, Patricio Roa, uno de los constituyentes, declaró:

“En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido”.

A su turno, la declaración judicial de Alberto Danioni señala: “estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación”.

Sebastián Piñera, declaró ( mejor dicho – confesó): “reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital”.

Talca, Argentina y México

Una vez conocido el fallo de primera instancia, y rechazada la apelación en segunda instancia, se precipitó la operación referida en los números 1, 3 y 4 del documento de la CIA, en la cuál se decidió la “neutralización” de Sebastián Piñera, lo cual debe leerse como su traslado fuera del país vía Argentina a México, donde habría permanecidos unos 45 días, al amparo de Fernando Quijano.

A mayor abundamiento, el número 5 del documento destapa la reunión que en carácter de “reservado” sostuvieron el Embajador de los Estados Unidos en Chile, James Theberge, y el Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en una fecha que se puede establecer entre el 8 y el 19 de septiembre de 1982.

El 20 de dichos mes, una sala de la Corte Suprema, presidida por el Ministro Rafael Retamal, los ministros Emilio Ulloa y Carlos Letelier y los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Sebastián Piñera fuera del proceso, lo que no significa en modo alguno que haya acreditado su “total inocencia”, como pretende.

El fallo estableció que “en el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de la actuación financiera de los recurrentes”. La resolución es abiertamente contradictoria con los hechos y con el desarrollo ulterior del propio proceso. A modo de ejemplo, el rol 4353-87, corresponde al fallo de la Corte de Apelaciones de fecha 23 de diciembre de 1987, que rechazó las apelaciones de Miguel Calaf y Alberto Danioni, procesados por los mismos delitos que se le imputaron a Piñera. De hecho, recibieron una sentencia de tres años de prisión, lo cual significa:  a) que, necesariamente, los delitos se tuvieron por acreditados y b) que Calaf y Danioni carecían de las influencias del clan Piñera, por el cual el Embajador de Estados Unidos en persona no trepidó en hacer lobby con el propio Presidente de la Corte Suprema.

Acaso la razón del nivel de implicación del Embajador de Estados Unidos radique en el encabezado del primero de los documentos, según el cual don José Piñera Carvallo “es colaborador de esta agencia desde 0065”.

Esa condición aparece corroborada en otro documento, el informe Was/WDC 7056, del 2 de mayo de 1986, que revela “fondos entregados a través de AMCO a colaboradores e informantes según descripción de claves de acceso autorizadas”. Entre ellos, figuran Orlando Sáenz, Pedro Ibáñez, Felipe Amunategui, Jaime Guzmán, Pablo Rodríguez, León Vilarín, Andrés Zaldívar, Juan Hamilton, Enrique Krauss, Rafael Moreno, Juan de Dios Carmona y José Piñera Carvallo, entre otros.

Información privilegiada

De un cuarto documento, que tiene la denominación Was/DC/SECRET-2897/ Eyes Only, y registra entradas de información los años 1975, 84, 86, 99 y 2001, desclasificaremos solo algunos acápites.

El que se denomina Nexos 10 Secreto Sensible, relativo a triangulaciones de activos relacionadas con El Mercurio, establece que entre los años 1980 y 1984, en el contexto de la crisis económica precipitada por la quiebra generalizada de la banca y la debacle de los principales grupos económicos del país, el entorno inmediato de Pinochet, mediante una maniobra que el documento atribuye a José Piñera y Jaime Guzmán, fue informado del alza del dólar, que a la sazón se encontraba tozudamente fijado en 39 pesos por el Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, y que Pinochet, en cadena de televisión, había jurado mantener, aún por sobre su cadáver…hasta que en junio de 1982, en un solo día, el peso se devaluó a 46 por dólar, y en agosto se decretó la libertad cambiaria que prevalece hasta hoy.

El documento agrega que el propósito de esa información apuntaba a beneficiar al núcleo más cercano a Pinochet, y que para ese efecto y “poder blanquear una suma cercana a los 120 millones de dólares”, se le otorgaron créditos a El Mercurio, a través del Banco del Estado.

Entre los colaboradores directos de Pinochet que se habrían beneficiado con la información, el documento menciona a Enrique Montero Marx, Sergio de Castro, Hernán Cubillos, Alfonso Márquez de la Plata, Jovino Novoa, José Piñera Echenique, Alvaro Bardón, Joaquín Lavín, Carlos Cáceres, Jorge Ballerino, Jaime Lepe, Pablo Longueira, Ambrosio Rodríguez, Jorge Selume y Oscar Aitken, entre otros.

La gentileza de Pinochet encontró reciprocidad, en la medida en que la investigación sobre el Banco Riggs determinó que el general abrió cuentas en el Banco de Talca, bajo el seudónimo José Ramón Ugarte.

Anillo de protección

El acápite Nexos 15 Secreto Sensible, relativo a triangulación de activos y asociaciones ilícitas, entrega información complementaria y ratificatoria del caso del Banco de Talca.

Por de pronto, identifica a Augusto Pinochet, José y Sebastián Piñera, Miguel Calaf, Alberto Danioni y Emiliano Figueroa, quién, dicho sea de paso, se desempeñó como Jefe de Cobranzas del Banco del Estado, hasta julio de 2008.

Luego, establece que a través de José Piñera Echenique se crearon varias empresas ficticias, tales como Río Claro, Inversiones Sevilla, Los Montes, Forestal Los Lirios, Tamarugal, Laguna Verde e Infinco, con el propósito de obtener préstamos del Banco de Talca, operación que contó con el concurso del Presidente del banco, Carlos Massad, el Gerente General, Sebastián Piñera, y los socios controladores Miguel Calaf y Alberto Danioni.

El documento establece que esa asociación ilícita defraudó al banco en 240 millones de dólares, y entrega un antecedente desconocido. En el origen del lucrativo negocio de las tarjetas de crédito, al que la leyenda urbana le atribuye el génesis de la fortuna de Sebastián Piñera, habrían estado en realidad José Piñera y el Embajador y Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos.

Enseguida, el documento entrega antecedentes adicionales sobre las medidas de protección dispensadas a Sebastián Piñera. Señala que por orden del entonces Director de Investigaciones, Fernando Paredes Pizarro, “se establece un anillo de protección a esta operación y sus miembros”, y que en realidad, se trasladó al extranjero y se protegió por aproximadamente 45 días a Sebastián Piñera, para “evitar su arresto y detención”.

Este acápite del documento concluye que la asociación ilícita comprendía tres fases: lavado de activos, acceso a grandes capitales en dólares y apropiación, por vía de la ingeniería financiera relatada, del control accionario del Banco de Talca, lo cual consiguió en un 80%.

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