CHILE : HURACÁN DE MANIPULACIONES POLICIALES EN CONTRA DE MAPUCHE

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Luego de que la Fiscalía de Temuco pidiera en enero pasado cerrar la investigación de la llamada Operación Huracán por presunta manipulación de evidencias de parte de Carabineros, se inició una segunda indagatoria por inconsistencias detectadas por la Fiscalía de Los Ríos en los peritajes policiales originados por el caso de la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, ocurrida el 28 de agosto de 2017 en San José de la Mariquina.

Entre los sospechosos de haber realizado esas supuestas maniobras de manipulación de evidencia tanto en Los Ríos como en La Araucanía, está el ingeniero Álex Smith Leay, conocido como “el profesor”, quien creó “Antorcha”, una aplicación con la que se habrían realizado interceptaciones de mensajería a ocho comuneros, los que la semana pasada fueron sobreseídos.

Así, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez pidió al juzgado de garantía de esa ciudad formalizar a Smith por presunta obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Junto a él también se levantarán cargos en contra del funcionario del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), Manuel Antonio Riquelme, por los mismos delitos. La audiencia se realizará el 19 de febrero a las 10.00.

Con esto, el Ministerio Público busca determinar si en esos atentados pudiera haber irregularidades parecidas a las de La Araucanía con el caso Operación Huracán, donde se detectó que había archivos con conversaciones entre los comuneros sobreseídos, que habrían sido implantados en los teléfonos celulares.

Una de las situaciones que generó las mayores dudas en la fiscalía sobre la información levantada por Carabineros fue que el informe de Inteligencia daba cuenta de la presencia de una persona en el atentado a la empresa Sotraser. No obstante, el Ministerio Público determinó que prácticamente a la misma hora, personal policial le estaba controlando la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esto, en el marco de una causa que se seguía en su contra por porte ilegal de munición. Entonces, era imposible que estuviera en el lugar al momento del ataque.

Guardan silencio

Además, fueron citados a declarar en calidad de imputados Smith y el capitán (r) y miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIEO), Leonardo Osses Sandoval. Sin embargo, los dos hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

“El profesor” se negó a prestar su testimonio argumentando que lo hará el 5 de marzo ante el juez de garantía Juan Mauricio Poblete. “No me dan garantía los fiscales, prefiero un juez, voy a entregar audios, fotos, todo”, dijo.

Sobre los involucrados en el caso de la Operación Huracán, el ingeniero señaló que “hay una red de financiamiento”.

En relación al funcionamiento de la aplicación “Antorcha”, indicó que “es un trabajo arduo, lo probamos en más de cien celulares y nosotros logramos extraer información. En marzo se va a saber todo (…). Espero que se sepa la verdad, que nosotros no estamos mintiendo”.

Osses, en tanto, dijo que “espero en marzo que me puedan escuchar en el tribunal, como corresponde. No haré más declaraciones”.

El jueves pasado el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció que Osses fue removido de su cargo en el marco de un sumario interno en su contra. También desvinculó a Smith de la institución al terminar su contrato como civil ayudante de la policía uniformada. Al respecto, el ingeniero dijo que “hay que cuidar la institución, lo tomo normal, no más”.

Fiscalía acredita otras manipulaciones de pruebas

¿Pueden venir más huracanes? El fiscal nacional, Jorge Abbott, en una entrevista con Reportajes de La Tercera, aclaró que -hasta ahora- sólo existen las investigaciones por Operación Huracán 1 y Huracán 2, sin entrar en detalles de esta última.

Pero, ¿A qué se refería con esto último? De la declaración del ingeniero forestal y agrónomo Álex Smith dada a conocer se desprende esta nueva causa penal que se sumará a las ya existentes por presunta manipulación de evidencia.

En una parte de la declaración  fue liberada a los defensores de los imputados de Huracán 1, “el profesor” -como le llaman en Carabineros- dice que no sólo diseñó Antorcha. “Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos de determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina”, asegura.

En efecto, la mano del profesional estuvo detrás de la información de Inteligencia liberada tiempo después. El 4 de octubre del año pasado el general director, Bruno Villalobos, viajó hasta la Región de Los Ríos y se reunió con el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, para liberar -por segunda vez en menos de un mes- otro informe de prueba obtenida por Ley de Inteligencia.

A diferencia de la “Operación Huracán” ciertas inconsistencias en el informe hicieron que la Fiscalía no solicitara órdenes de detención. Una de ellas era que uno de los comuneros sindicados como autor material del ataque fue controlado por personal de Carabineros en su casa en el marco de una fiscalizacion por arresto domiciliario nocturno. El jueves pasado el fiscal Meléndez participó de una suerte de “cumbre de fiscales que indagan manipulación de pruebas” y se espera que las sospechas sobre esta causa se unan a las ya abiertas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y al de La Araucanía, Cristián Paredes.

Según declaró Smith, “este software existe en el mercado y fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen forense” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué lugar se encuentra un determinado celular, sin embargo esta herramienta no permite determinar dónde estuvo el teléfono con anterioridad”.

Junto con esto explica que “el valor de este software, según entiendo es de cerca de 200 millones de pesos, y la empresa que lo desarrolló es norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta, pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.

Smith dice que comenzó a desarrollar esta herramienta después de las detenciones de Huracán que fueron el 23 de septiembre y el ataque en San José de la Mariquina el 28 de agosto.

“Lo que me pedían era desarrollar una herramienta que permitiera determinar cuántos teléfonos habían en un determinado lugar y dónde se encontraban estos. El objetivo del software era forense, iba a ser administrado por el Labocar, para ese efecto se compró el hosting y el nick “tubicación”.

Según registros de NIC Chile, ese sitio se creó para “seguridad pública” el 8 de enero de este año. “Hasta ahora llevo dos meses de trabajo para el desarrollo de esta herramienta. La idea era crear una página del Labocar desde donde se pudiera acceder a la aplicación”dijo.

Y enfatiza: “a diferencia de la aplicación de origen norteamericano la que yo estoy desarrollando no sólo permite acceder a la ubicación actual, sino que además puede establecer ubicaciones anteriores. En las pruebas que realicé pude establecer ubicaciones anteriores hasta tres días”.

Si al momento del interrogatorio del 30 de enero llevaba dos meses trabajando en la aplicación y esa sólo registra tres días hacia atrás máximo, no podría haber dado con número del ataque en San José de la Mariquina y eso es lo que se indaga en “Huracán 2”.

Es ahí dónde hace alusión a que se usó “tubicación.cl” para un caso de inteligencia argentino. “Luego nos llegaron felicitaciones desde Argentina”, dijo en su declaración.

Otros escándalos policiales

El Fraude a Carabineros, donde se investiga la supuesta malversación de fondos, que el mes pasado llegó a $ 26.756 millones.

En la investigación se destapó una arista denominada “carabineros fantasmas”, en la que, según El Mostrador, el Fisco pagaba el financiamiento de 65.085 funcionarios, mientras que la dotación real era de 58.228. Una diferencia de 6.857 uniformados de quienes, según el artículo, no había identificación.

Otra polémica fue a causa de la Mutualidad de Carabineros. El gerente de esa entidad y ex director general, Gustavo González Jure, dijo que los integrantes del directorio reciben un porcentaje de los excedentes. Los dineros incluyen al general director Bruno Villalobos, al vicepresidente, Manuel Letelier, y a consejeros. Durante 2016 cada uno habría recibido $707.644 si se consideran los “excedentes totales” o, si se toman en cuenta los “excedentes a distribuir”, $271.070. El monto efectivamente pagado está en investigación.

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