Chile: Declaran ilegal detención y expulsión de ciudadanos haitianos por la policía chilena

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La segunda sala de la Corte Suprema, en resolución de 21 de marzo de 2018, N° 4292-18, declaró ilegal la detención y expulsión de 62 ciudadanos haitianos realizada por la policía civil chilena  en el aeropuerto de Santiago, el 2 de marzo pasado, por infracción, entre otros, del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El tribunal indicó que :

Primero: Que, del mérito de los antecedentes expuestos en el recurso, lo informado por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional del Aeropuerto, de la Policía de Investigaciones de Chile y lo expresado en estrados, aparece que las razones aducidas para impedir el ingreso al país de 15 ciudadanos haitianos que se encuentran individualizados y 47 sin individualizar, que arribaron al territorio nacional el día 2 de marzo pasado, en el vuelo LAW N° 705, consisten en que al momento del control migratorio, los amparados portaban dinero insuficiente para su permanencia en Chile, al no acreditar fehacientemente una estadía definida en el país; y no exhibir pasajes de regreso para confirmar su salida del territorio chileno y no acreditar vínculos familiares en Chile. Asimismo, se señaló que los extranjeros declararon hechos falsos ante la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de su calidad de turistas, al presentar reservas de hoteles inexistentes. Las normas invocadas por el recurrido para amparar su conducta son las contenidas en los artículos 44 inciso 2° y 64 N°2 del Decreto ley N° 1094 y el artículo 138 N°2 del Decreto Supremo N° 597.

Segundo: Que, establecido someramente el marco fáctico y normativo que fundó la medida, es conveniente destacar que las atribuciones que detentan los órganos de la Administración del Estado son conferidas por la ley en función directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate. El ejercicio legítimo de estas atribuciones exige, además del respeto a los derechos de las personas, una necesaria razonabilidad en la decisión de la autoridad.

Tercero: Que, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”, de lo que se colige que el Derecho Internacional prohíbe las expulsiones colectivas, es decir, la salida obligatoria de grupos de extranjeros sin que exista un examen individual, respecto de cada miembro del grupo, como aconteció en la especie, según aparece del mérito del Ordinario N° 402 de 7 de marzo pasado, que si bien refiere que los amparados -todos ellos- no portaban dinero suficiente para su permanencia en Chile; que no exhibieron pasajes de regreso para confirmar su salida del territorio chileno; que no acreditaron vínculos familiares en Chile y que declararon hechos falsos ante la Policía de Investigaciones de Chile, carece de una descripción fáctica de la conducta que se le atribuye a cada uno e ellos, consistente en hechos positivos y objetivos concretos, que permitan sustentar que se encuentran en la hipótesis del artículo 15 N° 7 del Decreto
Ley 1094, que prohíbe el ingreso al país de los extranjeros: “que no cumplan con los requisitos de ingreso, establecidos en este decreto ley y su reglamento…”.

Cuarto: Que, además, tampoco se precisó por la autoridad recurrida, lo que se entiende en el caso concreto por “dinero insuficiente para su
permanencia en Chile”, tema que al no estar definido en la ley, requiere del empleo de un criterio racional, comprensible por individuos extranjeros que no dominan el idioma español.

Quinto: Que, por otra parte, esgrimir como causal para impedir el ingreso de los amparados al territorio nacional, no acreditar vínculos familiares en Chile, además de ser contradictorio con la calidad de turista que se invocó, no está considerado como presupuesto legal para ello.

Sexto: Que, así las cosas, los antecedentes invocados por la Policía de Investigaciones de Chile para impedir el ingreso al territorio nacional de los 62 amparados, sin especificar la concreta situación migratoria de cada uno, no se ajustan plenamente a las normas fundantes de dicha negativa, lo que permite concluir que dicha medida fue ilegal y arbitraria y vulneró su libertad de desplazamiento, puesto que no existe justificación alguna que fundamente en derecho la actuación desplegada por la autoridad policial recurrida, razones por las cuales el recurso interpuesto será acogido.

 

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