La indigencia jurídica del juicio a Jorge Glas: Respuesta a El Comercio del Ecuador

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El abogado Rubén Jerez Atenas le responde a El Comercio:

“Lo que natura non da, Salamanca non presta”

El Comercio ha publicado un artículo suscrito por el Sr.  Farith Simon que busca confundir a la opinión pública y cuyo nombre “Glas, el inocente”, pretende, además, de manera infructuosa y burda, la licencia que la ironía solo reserva a la inteligencia.

Se sostiene por el articulista:

Cualquier que tenga un acercamiento serio a los procesos penales conoce que existen dos clases de pruebas: las directas y las indirectas. Las primeras son aquellas que, una vez aceptadas como válidas, permiten llegar a una conclusión sin necesidad de razonamientos complejos. Siempre se pone de ejemplo los videos en que se puede mirar -con claridad- una acción; no hace falta mucha inteligencia para afirmar que pasó lo que se ve en el video, siempre que se demuestre que no está alterado. Sin embargo, en la mayoría de casos las pruebas son indirectas, es decir indiciarias, se suman varias para llegar a una conclusión. Son pruebas que requieren de una inferencia lógica, de razonamientos intermedios.

Podemos expresar, a partir de lo expuesto, que el acercamiento del Sr. Simon al caso Glas, es el poco serio.

En efecto, el articulista sustenta, implícitamente, una premisa falsa: que existirían pruebas jurídicamente idóneas en contra del Sr.  Jorge Glas Espinel.

La esencia de la prueba judicial válida radica en el cumplimiento de los requisitos específicamente tasados por la Constitución y por la ley respecto de los medios probatorios, de la producción de la prueba, procedencia y carga de la misma, su examen y eventual objeción por el contradictor y su debida valoración. De esta forma se garantiza, institucionalmente, la necesaria certeza jurídica sobre la existencia de los hechos que deben servir de fundamento al ejercicio del Ius Puniendi del Estado. En materia penal se exige, además, que el estándar de convicción se encuentre más allá de toda duda razonable. Tales requisitos constituyen, metafóricamente, la pauta o el cartabón que hace posible la protección de la presunción de inocencia.

Lo explicamos en palabras simples. Una declaración inculpatoria extraída mediante tortura, amenaza, promesa o premio, sería objetable por estar desprovista de la imparcialidad que requiere el debido proceso. Lo mismo se podría decir respecto de la incapacidad moral (enemistad o intereses contrapuestos con el acusado); o de alguien que por una incapacidad física o mental no pudiera observar o percibir lo que afirma. Se pueden agregar a los ejemplos anteriores, los testimonios o instrumentos de origen anónimo o desconocido; y aquellos faltos de integridad o cuya cadena de custodia ha sido alterada o no resulta confiable.

La ausencia o el impedimento al ejercicio del contraexamen de las probanzas rendidas, también invalida la prueba. Una muestra palpable de esta vulneración fue la prohibición que se le impuso al defensor del Sr. Jorge Glas Espinel, para contrainterrogar a José Santos, el principal testigo de cargo de la fiscalía. Es el estigma de la prueba tramposa. Con ello se quebrantó el derecho a la defensa y a un proceso contradictorio, cuya garantía se consagra, entre otros preceptos, en los artículos 76 N° 7 letras a), b), h) y j); y 168 N° 6 de la Constitución, en relación con el artículo 8 N° 2 letra f) de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José de Costa Rica).

Únicamente en las monstruosas mazmorras de la Inquisición se podían avalar tales dislates, a los que debemos adicionar la condena solo por indicios, (basada en la sospecha, o suspicio).

En cambio, y desde el medioevo, el derecho regio, (el derecho penal común), impedía al magistrado apoyarse en indicios para dictar sentencia, como muestran, dentro del derecho castellano, las Siete Partidas: Partida VII, Título XXXI, Ley VII y Ley lX, terminadas el año 1265, en el reinado de Alfonso X El Sabio.

Con lo anterior, hacemos notar que las disquisiciones de El Comercio y del Sr. Simon sobre la prueba indirecta o indiciaria, han hecho retroceder al derecho ecuatoriano a una fase pre medieval.

Esta indigencia jurídico – probatoria es la que asienta, entre otros vicios, la nulidad insanable del proceso penal seguido en contra del Vicepresidente. Lo más grave es la referencia a la prueba imposible considerando que se carece de objeto probatorio. Ni en las acusaciones, menos en la condena de primera instancia del Sr. Jorge Glas Espinel, se precisa o indica dónde y cuándo se organizó la asociación ilícita que se le imputa. Esto se traduce, en términos sencillos, en un juzgamiento sobre la dimensión desconocida. Éste es el contexto que mantiene secuestrado al Vicepresidente del Ecuador.

Lamentablemente, para los inquisidores de turno, la Constitución de Montecristi protege al Ing. Jorge Glas Espinel, como a todo ecuatoriano, de montajes o de pantomimas judiciales.

Entre otras barbaries de la historia humana, la condena capital de la sangre inocente de Tomás Moro por parte de Enrique VIII, nos permite distinguir, desde el 6 de julio de 1535, entre una patética parodia y un juicio penal.

 

1 Comentario

  1. EN MATERIA PENAL, ESTÁ EN JUEGO LA LIBERTAD DEL ACUSADO, ENTONCES AMERITA PRUEBA PLENA SINO EL DELINCUENTE SERÁ EL JUEZ QUE MOVIDO POR LOS HILOS ECONÓMICOS, IDEOLÓGICOS, RELIGIOSOS, POLÍTICOS, CONDENA FALSAMENTE AL AGRAVIADO SIN PRUEBAS. EN EL CASO DE LAS ACUSACIONES CONTRA EL SEÑOR INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL, DESDE LA ACUSACIÓN FISCAL HASTA LA INTROMISIÓN PARTICULAR SON CANTINFLESCOS, CARENTES DE BASES JURÍDICO, LEGALES, LLEVAN POR PETICIÓN DE TERCEROS A LA CÁRCEL A UN TRABAJADOR HONESTO,DECENTE, CUANDO REGRESEMOS A LA VERDADERA JUSTICIA LOS JURISTAS PODRÁN DEMOSTRAR LA CANALLADA SIN NOMBRE COMETIDA POR TODOS LOS ESTAMENTOS DEL ESTADO. Y EL AGRAVIADO PUEDE RECURRIR A INSTANCIAS INTERNACIONALES PARA HACER VALIDOS SUS LEGÍTIMOS DERECHOS CONCULCADOS POR EL KGON DE CARONDELET lvmg.Y LA JAURÍA CUYO COSTO SERA IMPERATIVAMENTE OBLIGACIÓN DE CUBRIR POR EL ESTADO Y ÉSTE A SU VEZ INVOCAR REPETICIÓN CONTRA LOS VÁNDALOS.

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