Segunda respuesta a El Comercio del Ecuador sobre la indigencia jurídica del juicio a Jorge Glas

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El abogado Rubén Jerez Atenas  nuevamente responde al diario El Comercio del Ecuador.

“Lo que natura non da, Salamanca non presta” (2)

El Comercio, el 4 de junio de este año, ha insistido en otorgarle tribuna al Sr. Farith Simon para difundir sus elocuentes ignorancias sobre el derecho ecuatoriano, a propósito del enjuiciamiento al Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel.

El desatino jurídico alcanza elevadas cúspides difíciles de superar, como se puede constatar en el siguiente párrafo:

La defensa del Sr. Glas sostiene que él fue condenado por una norma derogada. Dicen que desde el 10 de agosto del 2014, al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, COIP, se derogó al Código Penal y la asociación ilícita se despenalizó. Esto es falso, existe identidad de tipo en dos figuras del COIP, una de ellas la delincuencia organizada, que se considera corresponde a la conducta del Sr. Glas. Este delito se castiga con una pena de hasta diez años (que podría incrementarse hasta en un tercio en caso de existir agravantes).

Queda demostrado que el Sr. Simon no ha leído el COIP. Quizás por ello le reprocha a la defensa del Sr. Jorge Glas la alegación sobre la derogación expresa del Código Penal por parte del COIP, el año 2014. Como la ignorancia es insolente, se hace imprescindible recurrir a la comprensión lectora del Sr. Simon para sacarlo de su lamentable error.

La disposición primera derogatoria del COIP dice:

PRIMERA: Deróguese el Código Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 147 de 22 de enero de 1971 y todas sus reformas posteriores.

En consecuencia, es el COIP la normativa que extingue literalmente la vigencia del Código Penal de 1971. La defensa del inocente solo se ha limitado a reiterar lo que el derecho ordena.

Esta derogación es reafirmada por el artículo 17 del COIP que declara inválida, salvo materias de niñez y adolescencia, cualquier otra norma penal. Le seguimos recordando al Sr. Simon:

Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia.

La segunda estolidez del Sr. Simon se refleja cuando asevera que la asociación ilícita del Código Penal de 1971 sigue vigente ya que:  “…existe identidad de tipo en dos figuras del COIP, una de ellas la delincuencia organizada, que se considera corresponde a la conducta del Sr. Glas.”

Resulta liviano e irresponsable de parte del Sr. Simon no mencionar los artículos del COIP en donde, según él, se habrían reencarnado las conductas derogadas del Código Penal de 1971.

Sin embargo, nos da una pista. Habla de la delincuencia organizada, delito contemplado en el artículo 369 del COIP que sería el que, según su singular entender, le correspondería al Vicepresidente.

El problema de esa premisa es que la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 120 N° 10 de la Constitución, autorizó el juzgamiento del Sr. Jorge Glas Espinel por una conducta subsumida en el artículo 370 del COIP y no en el 369. Por tanto, el único destino que tiene la reflexión del Sr. Simon es el despeñadero lógico.

Es más, la asociación ilícita del Código Penal no es homologable a ninguna figura del COIP. La razón es muy sencilla. El elemento normativo del tipo no es coincidente. Esto lo intentaremos explicar en términos simples. Las finalidades que persiguen las hipótesis de asociación ilícita del Código Penal derogado, en su artículo 370, son la perpetración de delitos sancionados con reclusión, pena que ya no existe en el Ecuador. En efecto, todas las escalas de penas que el Código Penal de 1971 establecía en su artículo 51 fueron derogadas por los artículos 17 , 58 y disposición primera derogatoria del COIP.

Para continuar, debemos hacernos cargo de un segundo párrafo del Sr. Simon que cuestiona su sapiencia:

La actividad criminal del exvicepresidente, de acuerdo a la sentencia, se desarrolló entre los años 2011 y 2016; es decir, su ejecución se inició mientras el Código Penal estaba vigente y terminó con el COIP, esto porque es un delito continuado, que no se concreta en una sola acción.

Dice el Sr. Simon que la asociación ilícita sería un delito continuado que no se concreta en una sola acción. Lastimosamente, demuestra una vez más una injustificable falta de conocimientos. La asociación ilícita es un delito formal o de mera actividad que se perfecciona por el solo hecho de organizarse o asociarse. Su consumación, una vez producida la organización o la asociación, no requiere prolongarse en el tiempo para configurar su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Este delito se materializa con el acuerdo o pacto delictuoso, pues con él se toma parte y el individuo se convierte en miembro de la asociación. Esto permite indicar que es un delito autónomo e independiente de aquellos que se pretenden cometer para conseguir su finalidad. Por lo tanto, resulta impropio a la certeza jurídica, decir genéricamente que la actividad criminal se desarrolló entre los años 2011 y 2016. No se entrega al acusado el marco informativo que permita su adecuada defensa. No se le ofrece la fecha exacta de la organización de la supuesta asociación ilícita y de la cesación de la misma, (como tampoco datos de la identidad, época y eventual consumación de los delitos que ésta perseguía). Con ello, se impide al procesado la contraprueba y alegar la posible prescripción del ejercicio de la acción penal. Adicionalmente, queda en la incertidumbre la determinación del derecho penal y del procesal penal, vigentes a la época de la conducta imputada.

Nos permitimos un ejercicio esclarecedor. Si la asociación ilícita se organizó el 2011, y su permanencia, respecto del acusado, se limitó a ese año, la sola aplicación del artículo 417 N°3 letras a) y c) del COIP en relación con el 370 del mismo código, como lo autorizó la Asamblea Nacional, dejaría libre al encartado. El ejercicio público de la acción penal se encontraría prescrito. En efecto, el proceso contra el Vicepresidente comenzó el 2017, pasados los 5 años que establece como pena máxima el mencionado artículo 370 del COIP.

Si la actividad criminal se verificó hasta el 2016, estando vigente el COIP, no cabía más que aplicar derechamente el artículo 370 del mismo, única ley penal vigente al tiempo del juzgamiento, lo que impide al Estado castigar con una sanción no contemplada por dicho precepto, como la de 6 años de privación de libertad.

Debemos agregar que, si se hubiera respetado el reseñado artículo 370 del COIP, la probable condena haría posible la suspensión de la ejecución de la pena, (art. 630 del COIP).

El Sr. Simon, en su último desvarío, continúa indicando que la supuesta actividad criminal del acusado “se inició mientras el Código Penal estaba vigente y terminó con el COIP.”

Con este pésimo argumento pretende justificar la aplicación de un código derogado. No leyó la disposición primera transitoria del COIP. Ésta expresa:

PRIMERA: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente Código.

Este precepto impone que las conductas tipificadas en el Código Penal de 1971, después de su derogación, solo podían ser objeto de persecución criminal, cuando existieran procesos, actuaciones o procedimientos de investigación tramitándose a la entrada en vigencia del COIP. Es decir, al 10 de agosto de 2014, caso en el cual el procedimiento penal también era el anterior y no el actual.

A esa fecha no había proceso alguno en contra del Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel. Su vinculación al juicio solo se pudo llevar a cabo el 2017, con posterioridad a la autorización de la Asamblea Nacional, formalidad constitucional previa, esencial e indispensable de procedibilidad.

Tampoco se da el requisito que la conducta punible esté sancionada en el COIP. Los delitos imputados están comprendidos en los artículos 369 y 370 del Código Penal de 1971, cuyas descripciones, como se explicó, no resultan homologables o subsumibles en el código actual.

Por último, el Sr. Simon explicita:

La respuesta a este problema jurídico se resolvió, de acuerdo a la sentencia por la aplicación del principio de favorabilidad, en el Código Penal la pena para la asociación ilícita es de seis años, obviamente un castigo mucho más benigno que el del COIP, que a muchas personas indignó, pero ese es su derecho, nada que reprochar.

Manifiesta que el acusado fue recompensado con el criterio de la favorabilidad. Eso es una mendacidad. En efecto, el principio de favorabilidad implica que existan, a lo menos, dos penas posibles de aplicar producto de un conflicto de leyes, debiéndose sancionar al afectado con la que le resulte más beneficiosa.

Pero éste no es el caso. En el juicio del Vicepresidente resulta inverosímil ese conflicto normativo. La Asamblea Nacional autorizó el juzgamiento únicamente por la conducta del artículo 370 del COIP. Por su parte, los artículos 369 y 370 del Código Penal de 1971, (sus conductas y sus penas), ya no existían al momento del desafuero del Vicepresidente, habían sido derogados. Entonces, no se daba ninguna contienda normativa que debiera ser resuelta con la favorabilidad. Adicionalmente, la ultractividad que permite la disposición primera transitoria del COIP, se relaciona solo con la conducta, no con la sanción, como se deduce de su última frase: siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente Código. Por otro lado,  según el artículo 16 N° 2 del COIP, la hipótesis de conflicto de favorabilidad debe darse con una ley posterior más benigna, no con una derogada y anterior. Por tanto, era inevitable la aplicación del artículo 370 del COIP, con una pena máxima de 5 años. La sanción de 6 años, en consecuencia, fue inventada dado que no está estatuida en la legislación ecuatoriana para la asociación ilícita, figura actualmente distinta y no asimilable, a la delincuencia organizada.

Con lo descrito se llega al máximo del cinismo: pretender hacer aparecer la condena de un inocente como un premio originado en la favorabilidad. Qué engaño más zafio y pedestre. Es la posverdad del Sr. Simon.

Con sus dichos, el Sr. Simon confiesa que, para armar el montaje de juzgamiento del Vicepresidente, construyeron una juguera jurídica en donde mezclaron diversas partes de normas derogadas con mutilaciones del código actualmente imperante, para crear una infracción penal por analogía, lo que repugna al derecho ecuatoriano considerando la prohibición del artículo 13 N° 3 del COIP. Este Frankenstein normativo, fabricado ad hoc para el Ing. Jorge Glas Espinel, constituye una antinomia conocida como Lex Tertia en perjuicio del acusado.

Si a eso le sumamos una condena inquisitorial sustentada en meras sospechas, tenemos los elementos constituyentes de una parodia judicial.  No nos encontramos frente a presunciones múltiples, graves y concordantes, para aclararle el punto al Sr. Simon.

Aún con el COIP, el procesamiento al Vicepresidente resultaba imposible sobre la base de imputarle delitos derogados con conductas no homologables en la ley penal vigente.

Desafortunadamente, para la república y democracia del Ecuador, la mascarada judicial y el secuestro que afectan al Vicepresidente, así como su defenestración, encubren algo de mayor gravedad: el rompimiento del Estado de Derecho y de la Constitución de 2008.

El Comercio y el Sr. Simon, indudablemente, son parte interesada en este atropello que la opinión pública informada y la posteridad sabrán juzgar en su mérito.

 

1 Comentario

  1. Un análisis jurídico CONTUNDENTE. Conclusión: El Vicepresidenre ecuatoriano Jorge Glas es INOCENTE, es un perseguido político del TRAIDOR

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