Rodrigo Rojas de Negri: Joven asesinado quemado vivo por la dictadura pinochetista

Publicidad

Rodrigo Andrés ROJAS DE NEGRI, de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis semanas antes de los hechos que terminaron en su muerte.

Extracto del informe de la OEA  del asesinato ocurrido el 2 de julio de 1986

En el mes de julio y con ocasión de las jornadas convocadas por la Asamblea de la Civilidad para el 2 y 3 de ese mes, se produjeron ocho muertes. La polémica que rodea las circunstancias de una de esas muertes y las lesiones graves en otra de las víctimas exige una referencia específica. Se trata del caso de Rodrigo Rojas de Negri, estudiante de 19 años de edad que residía en Washington y se encontraba de visita en Chile de Carmen Gloria Quintana, estudiante de 18 años de edad.

Según denuncia presentada ante la Comisión, el 2 de julio de 1986, alrededor de las 8 horas de la mañana, Rojas y Quintana fueron capturados por una patrulla del Ejército en las proximidades de un lugar en el cual habían elementos como para construir una barricada, ambos fueron golpeados duramente por el personal militar, rociados con líquido inflamable, incendiados, envueltos en frazadas y abandonados. Rodrigo Rojas murió el 6 de julio siguiente como consecuencia de las quemaduras recibidas y presentaba quebraduras de costillas y de la mandíbula; Carmen Gloria Quintana permanece internada en grave estado, también por causa de las quemaduras, y tiene quebradas varias piezas dentales.

El mismo 2 de julio el Ministro del Interior solicitó la designación de un Ministro en Visita para investigar los hechos, mientras el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército desmentía “categóricamente la participación de sus miembros en los hechos aludidos”. Como consecuencia de la solicitud del Ministro del Interior, la Corte de Apelaciones de Santiago designó al Ministro Alberto Echavarría Lorca para instruir el proceso. El 11 de julio, la CIDH recibió una comunicación en la cual se manifestaban serios reparos por el nombramiento del Ministro Echavarría, quien, según la comunicación, había cerrado recientemente “por falta de evidencias” el caso del estudiante Eduardo Jara Aravena, muerto en 1980 como resultado de torturas.

El día 18 de julio de 1986, el Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago emitió un comunicado según el cual, y de acuerdo a indagaciones realizadas,

el día 2 de julio, en circunstancia que una patrulla militar vigilaba el orden público, sorprendió a un grupo de personas que pretendía alterarlo y portaba material inflamable contenido en envases destinados a ese objeto. Entre dichas personas se encontraban Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. Asimismo según las informaciones proporcionadas por el personal a que se hará mención en el número siguiente, al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos, se encendió la vestimenta de los nombrados, la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar.

3. Como consecuencia de lo anterior, esta Comandancia de Guarnición ha dispuesto la detención de los tres oficiales, cinco suboficiales y diecisiete conscriptos que habrían participado en los hechos mencionados y esta tarde ha oficiado el señor Ministro en Visita, don Alberto Echavarría Lorca, informándole tales antecedentes y poniendo a su disposición al personal señalado, para que investigue en conformidad a derecho su eventual participación y grado de responsabilidad.

El día 23 de julio, el Ministro Echavarría Lorca, con mérito en las declaraciones de los militares involucrados en los hechos, dictaminó:

a) que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero; y b) que no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se les dejó en libertad después de transcurridos unos momentos en un lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención.

Sobre la base de tal razonamiento, el Ministro Echavarría dejó en libertad incondicional a los detenidos con excepción del teniente Pedro Fernández Dittus, que comandaba la patrulla, por considerarlo supuesto autor del cuasidelito de homicidio y lesiones graves. La figura del cuasidelito aplicada por el Ministro en Visita está definida en el artículo 2 del Código Penal chileno y es aplicable cuando sólo existe culpa en quien comete la acción punible y no dolo o malicia, circunstancias en las cuales configuraría un delito. Estando involucrado personal militar, el Ministro en Visita se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Militar.

Ante tal situación, el señor Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Fresno, emitió una declaración pública en la que señaló que:

Nuestra misión de Pastor nos obliga a expresar profunda preocupación ante el grave deterioro moral que se aprecia en el caso de los jóvenes quemados y la inquietud que ha provocado el texto de la resolución del señor ministro en visita al respecto.

En esa resolución, reconociéndose que esos jóvenes “fueron detenidos, el día 2 de este mes, por una patrulla militar”, se establece que “se les dejó en libertad”, “en lugar y en condiciones no propicias para obtener”… “la inmediata atención médica de los afectados”… por un hecho que le había causado “quemaduras graves”.

Es fácil percibir que esta explicación ha resultado claramente insuficiente para toda la inquietud que en la comunidad nacional estos hechos han provocado. Por ello, hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema par que se arbitren los medios necesarios para llegar al fondo de esta investigación y la justicia resplandezca plenamente.

El país ha sido testigo de numerosos hechos delictuosos que han quedado sin sancionar y de numerosas investigaciones que no han sido aptas para determinar los responsables de crímenes que han conmovido a la opinión pública. Este caso que ahora se investiga, que ha afectado a toda persona con conciencia recta, no puede ser otro más que quede en la impunidad y en la oscuridad.

El prestigio del Ejército de Chile y de los Tribunales de Justicia, instituciones fundamentales de la República, están en juego en este proceso, lo que acentúa la obligación de realizar una profunda y acuciosa investigación.

Por otra parte, debemos recordar, una vez más, que la virtud de la justicia es esencial para conseguir la paz social, a la cual aspiramos todos los chilenos.

La Corte Suprema de Justicia, con el voto disidente de su presidente, señor Rafael Retamal, “lamentó” la declaración de Monseñor Fresno. Dos de sus integrantes, en voto separado, expresaron que “deploran con desagrado” el contenido de esas declaraciones.

El día 23 de julio, la Comisión recibió un telegrama del señor Presidente del Colegio de Abogados de Chile en el que le comunica que, por resolución del 7o congreso Nacional de Abogados, se había decidido solicitar a la CIDH que investigue in loco los hechos que llevaron a la muerte de Rodrigo Rojas y a las lesiones graves de Carmen Quintana. Al día siguiente, la madre de Rodrigo rojas, señora Verónica de Negri, realizó una solicitud similar. En vista de ello, el señor Presidente de la Comisión transmitió tal solicitud al gobierno de Chile por cable del 28 de julio de 1986.

El 12 de agosto de 1986, la Corte Macial, interviniente en el caso a partir de un recurso presentado por abogados de los familiares de las víctimas, resolvió modificar la calificación penal efectuada por el Ministro en Visita y encargar reo al teniente Fernández Dittus por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte y de lesiones graves, en voto disidente, estuvo por mantener la calificación formulada por el Ministro Echavarría. La Corte Macial, igualmente, instruyó al Fiscal Militar para que continuara la investigación de los hechos, incluidos aquellos delitos originados en las acciones de las víctimas y de eventuales testigos.

Información proporcionada a la Comisión indica que el Fiscal Militar interviniente decretó el 22 de agosto el arresto de uno de los testigos importantes en estas actuaciones y que el 23 de ese mismo mes otro de los testigos fue secuestrado por ocho horas por un grupo de personas que le amenazaron con el objeto de lograr que modificara su testimonio que involucraba a los militares.

El 25 de agosto la Comisión recibió la respuesta del Gobierno de Chile denegando la solicitud de investigar en el terreno los hechos denunciados por considerar que

Existe una activa investigación judicial (en la cual) la primera parte del proceso estuvo a cargo de un Magistrado Civil, funcionario de carrera, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de bien probada independencia, designado por la Corte en pleno.

… se trata de una materia que está claramente “sub-judice”, en pleno proceso de investigación con responsabilidades que ya comienzan a configurarse. Restan aún varias instancias en el proceso.

En estas circunstancias, es evidente que no se han agotado ni mucho menos las vías internas de recurso, lo que justificaría eventualmente la intervención de un organismo internacional con competencia en estas materias.

… sin perjuicio de las razones de tipo reglamentario que hacen en estos momentos improcedente la petición a que se está dando respuesta, ella sería contraproducente pues interferiría o crearía una vía paralela a la investigación en curso. Contrariaría además a claros preceptos de la legislación interna chilena.

La Comisión debe lamentar esta decisión del Gobierno de Chile que la ha privado de contar con los elementos que hubiese podido obtener a través de un procedimiento de esa naturaleza.

Organismos defensores de los derechos humanos de chile han señalado que en el presente caso han quedado los interrogantes siguientes: si se trató de un accidente ¿Cómo puede haber ocurrido que estando las víctimas en poder de la patrulla militar hayan resultado quemadas solo ellas? ¿Cómo es que fueron “puestas en libertad” según el juez Echavarría?; estando 25 miembros de la patrulla próximos a las víctimas ¿Cómo fue posible que ellas ardieran durante el tiempo necesario para provocarles la quemadura del 62 por ciento de sus cuerpos sin que se produjera la intervención de sus captores?; ¿Cómo es posible que sus ropas hayan ardido en tal proporción si no estaban embebidas previamente en combustible?

La Comisión observa can la más profunda preocupación la resolución adoptada por el Ministro Echevarría respecto a que a las víctimas se les había dejado “en libertad”. Sobre la base de los hecho disponibles respecto a la muerte de Rodrigo Rojas como resultado de la quemaduras recibidas y a las lesiones graves de Carmen Gloria Quintana, resulta extremadamente difícil comprender cómo un magistrado puede haber llegado a esa conclusión. Ante ello la Comisión se ve obligada a dejar constancia de su seria preocupación por la vigencia de las normas que regulan el debido proceso en Chile, tal como ellas se reflejan en la sentencia aludida.

Teniendo en cuanta que ha pasado más de un año y medio desde el crimen cometido contra los señores Parada, Guerrero y Nattino sin que se haya producido ningún fallo condenatorio, a pesar de la abundante evidencia existente, la Comisión desea expresar en la forma más enérgica que espera que el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana no siga la misma suerte.

La CIDH espera, una vez más, que los tribunales militares lleven sus investigaciones has precisar las circunstancias de tal crimen y señalar a sus responsables. La Comisión encuentra oportuno referirse al respecto a su informe especial de 1985 cuando señalaba:

La experiencia de la Comisión permite considerar que, además de las impostergables exigencias de la justicia, es también conveniente para la propia integridad y prestigio de las Fuerzas Armadas que sus propios tribunales asuman la pronta y severa sanción de los responsables de esas violaciones (a los derechos humanos). Ello es también un requisito fundamental para la estabilidad del régimen democrático que inevitablemente deberá instaurarse y constituye la única prueba válida de que, cuando esas violaciones a los derechos humanos han ocurrido, ellas han sido el resultado de la acción de individuos aislados y no de una política del Gobierno.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*


*