La ola verde: el aborto en Argentina

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Por Paula Quilez Relaño @Paula_Quilez

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos ha sido siempre una lucha muy importante del movimiento feminista; garantizar el aborto legal, seguro y gratuito es una deuda que el mundo tiene pendiente con todas las personas gestantes. A pesar de haber logrado muchos avances en estas cuestiones, aún es ilegal abortar en muchos países, y en los que no lo es suele estar fuertemente restringido o enmarcado dentro de determinados supuestos.

Argentina no es una excepción: el aborto es ilegal salvo en dos supuestos, pero como se analizará más adelante, es virtualmente imposible acceder a un aborto seguro. Cabe destacar que los datos presentados en el artículo son tan precisos cómo es posible debido a la dificultad de conseguirlas y procesarlas. Primeramente, analizaremos la situación del aborto a nivel mundial. El aborto no seguro representa un problema de salud pública a nivel global: es la primera causa de lesiones y mortalidad materna.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher se practican en el mundo unos  55,7 millones de abortos al año,  el 45% de estos clandestinos, dejando la cifra de 27 millones de abortos clandestinos al año. Que el aborto sea ilegal no significa que no haya, sino que solo las personas adineradas se lo pueden permitir, dejando a las más pobres completamente desprotegidas. Las mujeres que quieran abortar, sea cual sea su motivo, abortarán. La única diferencia serán las condiciones en las que lo harán. Y las mujeres de todo el mundo sabemos mil maneras de aborto no seguro, transmitidas de generación en generación: medicaciones como el misotropol insertadas directamente en la vagina, infusiones y cataplasmas de hierbas como la mirra, el perejil o el agua de roma, utilizar objetos cotidianos para romper el saco amniótico, como agujas de tejer, perchas de alambre o buriles, baños de agua hirviendo, aplicarse productos venenosos en la vagina como pesticidas e incluso provocarse daños físicos en un intento desesperado, como tirándose por las escaleras. Nadie puede detener a una mujer que no quiere llevar a término su embarazo, y por lo tanto es la responsabilidad de los estados garantizar abortos legales, seguros y gratuitos.

De hecho, la prohibición del derecho al aborto va en contra de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. El informe de la Asamblea General de 5 de enero de 2016 indica que «denegar el acceso a un aborto seguro a mujeres y niñas que necesitan acceso a la asistencia sanitaria equivale a tortura y maltrato. Los estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y el maltrato en negar a las mujeres el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad.». Por lo tanto, la prohibición del aborto también en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma en su artículo quinto que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradante.»

Además, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 la ONU afirma que todo el mundo posee derechos sexuales y reproductivos, entre los que destacan el derecho a la autonomía y la autodeterminación del propio cuerpo, la salud reproductiva ya decidir sobre la propia reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia. A pesar de ello en muchos países es todavía ilegal abortar, y Argentina no es una excepción. Se considera que hasta el tercer mes de embarazo -12 semanas- no se inicia lo que se puede describir como una vida humana o la existencia de un ser humano, ya que el feto no ha desarrollado la corteza cerebral y no posee estructuras, conexiones y funciones nerviosas y, por tanto, es incapaz de sentir.

Sin embargo, el artículo 19 del Código Civil y Comercial argentino afirma que «la existencia de la persona comienza desde la concepción», así que su legislación trata el aborto como un asesinato a una persona viva y lo castiga como tal. Visto esto, revisemos la legislación argentina sobre el aborto. Los artículos 85, 86, 87 y 88 de su Código Penal se refieren explícitamente a ello; para los profesionales de la salud, provocar un aborto representa entre uno y quince años de prisión, y ser inhabilitados para ejercer por el doble de tiempo de su pena. Para una persona gestante, se castiga de uno a cuatro años de prisión practicarse un aborto o permitir que se le practique. Las únicas excepciones son si el embarazo es fruto de una violación o si representa un peligro grave para la salud física o mental de la madre. Pero estos supuestos no se suelen cumplir. Hay casos registrados de mujeres a quienes han negado a su derecho al aborto, o su derecho a recibir tratamiento médico porque estaban embarazadas y los médicos priorizaron la vida del feto antes que la de la madre. La negación a las mujeres de sus derechos reproductivos va más allá.

De las 25 jurisdicciones nacionales del país, únicamente ocho poseen protocolos de atención de abortos no punibles en los supuestos recogidos por la ley. Esto quiere decir que solamente en ocho jurisdicciones una persona gestante puede acceder libremente a un aborto enmarcado dentro de los dos supuestos recogidos en la legislación argentina. ¿Pero porque que sucede esto? A pesar de la legislación y los datos presentados, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a nivel argentino y mundial, tienen tres grandes enemigos: la religión, los partidos políticos conservadores y el machismo institucionalizado.

La Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista y la Iglesia Protestante argentinas están firmemente en contra del aborto. La religión cristiana cree que sólo Dios puede dar y quitar la vida y es pecado intentar alterar su voluntad. Con su inmenso poder económico y social pretenden imponer sus creencias, y su oposición a este tema ha dificultado enormemente la legalización de los derechos reproductivos de las mujeres. Los partidos políticos conservadores, liberales y de ultraderecha hacen suyos estos postulados, demostrando la enorme influencia de la religión en la vida política argentina. Tampoco se puede menospreciar el peso del machismo en la prohibición del aborto. La activista Florynce R. Kennedy lo sintetizó en 1974 en su libro Abortion Rap: «Si los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería sagrado.»

Negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo es un acto inmoral, fruto de un sistema que no las considera seres completos o capaces de pensar y decidir. Es, en definitiva, una opresión del sistema patriarcal. Analizado todo esto, cabe preguntarse cuales son las consecuencias para las mujeres que abortan en Argentina. En el ámbito sanitario, infecciones, sepsis post-abortivas, peritonitis, hemorragias masivas, y lesiones irreparables en la vagina y el útero son las principales consecuencias médicos de un aborto no seguro, y son patologías que rápidamente evolucionan en situaciones muy graves o mortales.

Según el Ministerio de Salud argentino, aproximadamente medio millón de mujeres son ingresadas en hospitales argentinos cada año a consecuencia de un aborto inseguro, una media de 135 mujeres al día. De estas, un 16% de eran gestantes de entre 10 y 19 años, y un 26%, de entre 20 y 24 años. Según Action Aid International en latinoamericano se calcula que el 24% de las mujeres que se someten a un aborto clandestino mueren cada año, y muchas otras quedan estériles, incapacitadas o con enfermedades y dolores crónicos. Según la ONU y la OMS y el 99% de estas muertes y lesiones son evitables con el abastecimiento de abortos seguros y gratuitos.

 Además, las mujeres que llegan al sistema médico a consecuencia de un aborto clandestino a menudo sufren una fuerte violencia obstétrica por parte de los profesionales de la salud. Críticas, discriminación, negación de medicación o anestesia son prácticas comunes del sistema sanitario hacia estas pacientes, agravando enormemente su situación. En el ámbito económico, destacan las dificultades de las mujeres más pobres para acceder a un aborto. Se estima que un aborto clandestino realizando con las mínimas condiciones de seguridad médica cuesta unos 1.000 dólares en el mercado negro. Esto provoca que una mujer con recursos socioeconómicos bajos no pueda acceder a un aborto seguro mientras no sea legal y gratuito, ya que la imposibilidad económica las obliga a recurrir a abortos muy arriesgados. En el ámbito penal, se presentan de manera continuada denuncias contra mujeres que presuntamente han abortado y se llevan a cabo investigaciones policiales por el mismo tema.

Cada año se encarcelan mujeres por abortar, incluso si se trata de un aborto espontáneo. Aunque el código penal las condena a cuatro años de prisión, acaban cumpliendo ocho, porque las juzgan por homicidio con agravante por el vínculo, una fórmula legal que se aplica a quien matara a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Dado que un hijo es un descendiente directo, se las juzga bajo este supuesto.

A razón de todo ello, las feministas argentinas deciden organizarse para detener esta espeluznante realidad. El 28 de mayo de 2005 se funda en Argentina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una plataforma que tiene por objetivo despenalizar y legalizar el aborto en el país. Bajo el lema «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir», las feministas que lo integran se han hecho famosas por su distintivo pañuelo verde, en homenaje a las Abuelas y las Madres de la Plaza de Mayo.

Desde su fundación han ido presentando al Parlamento la Propuesta de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluye medidas de protección y cobertura de las personas gestantes, así como políticas de salud sexual y reproductiva. En 2018 presenta por séptima vez el proyecto en el Parlamento, pero por primera vez la Cámara de los Diputados lo aprueba. Desgraciadamente, el Senado tumbó la ley. Sin embargo, el movimiento sigue adelante, más fuerte y más determinado que nunca, y ya están preparándose para volver a presentar su proyecto. Podemos afirmar pues que prohibir el aborto únicamente provoca que las personas gestantes recurran a abortos inseguros y peligrosos, que suelen acabar de manera fatídica. El aborto seguro y legal es un derecho inalienable que ningún ser humano tiene potestad para negar. Las feministas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito son un ejemplo a todos los niveles y, por muchas trabas que les pongan, acabarán consiguiendo su objetivo. Desde aquí solo podemos decir: ¡arriba el feminismo, que vencerá!

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